Editorial: ¡5 de abril, nunca más!

Se cumplen hoy 24 años del autogolpe encabezado por Alberto Fujimori que supuso, entre otras cosas, la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público, y la irrupción de las Fuerzas Armadas en los medios de comunicación independientes.

Con ello, como se sabe, se dio inicio a un período de ocho años en el que la violación de los derechos constitucionales, la corrupción y el afán de perpetuación en el poder fueron una triste constante que ha determinado que hoy sus principales responsables estén purgando cárcel.

Y no se puede decir –como pretenden algunos– que lo que hacía Vladimiro Montesinos ocurría a pesar de Alberto Fujimori. Fujimori era quien aprobaba los fondos con los que Montesinos compraba periodistas, congresistas, alcaldes, generales, prensa chicha, magistrados, firmas falsas, empresarios y partidos.

Desde la caída del fujimorato, a fines del año 2000, la fecha ha representado para los demócratas del país un símbolo de lo que no debió ocurrir en 1992 y no puede ocurrir otra vez en la historia; y para los fujimoristas, una sombra de la que no han sabido desligarse bien.

Por eso la protesta convocada para hoy en diversos lugares del país es legítima. Porque la democracia y el Estado de derecho son valores que nadie puede dar por sentados y el rechazo a quienes los conculcaron en el pasado debe servir de advertencia para los que quisieran intentarlo en el futuro.

Es precisamente esta intransigencia lo que les ha demostrado a los fujimoristas de hoy que no hay para ellos porvenir político alguno si no abjuran sin ambages de lo que sucedió hace 24 años. Y en ese sentido, el compromiso firmado por Keiko Fujimori al final del debate presidencial, dos días atrás, constituye una señal importante.

En él, como es de público conocimiento, la candidata de Fuerza Popular se ha comprometido a respetar el orden democrático, los derechos humanos y la libertad de prensa, así como a luchar contra la corrupción y a no utilizar el poder para beneficiar a su familia, en un eventual gobierno suyo. También, a profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad, a reparar a las víctimas de la violencia y de las esterilizaciones forzosas de los noventa, y a acatar la disposición constitucional que prohíbe la reelección presidencial. Pero, sobre todo, a no consentir nunca más un 5 de abril.

¿Suficiente? Quizá  no. Quizá necesitemos que lo repita hasta el cansancio y que explique por qué se ha tardado tantos años en formular este compromiso, que es al mismo tiempo una condena de todos los atropellos que se produjeron durante el paso de su padre por el poder.

Pero es primordial también decir que, con esa misma energía, tenemos que exigirles un compromiso semejante a todos los otros candidatos que hayan sido contemplativos con cualquier atentado antidemocrático, local o extranjero.

Concretamente, a Verónika Mendoza, aspirante presidencial del Frente Amplio, que nunca tuvo reparos en sumarse al proyecto político de Ollanta Humala, a pesar de que, en el 2005, este respaldó la intentona golpista –con asesinato de policías incluido– encabezada por su hermano Antauro y conocida como el ‘andahuaylazo’ (“Es momento de levantarnos [...] Para todo reservista [...] la insurgencia popular, en este caso, es un deber y así lo demando”). Y que, en cada oportunidad en la que se le ha preguntado si considera al (también ultracorrupto) régimen chavista una dictadura, lo ha negado, con subterfugios del tipo “en Venezuela se han dado procesos electorales democráticos” o “creo que en Venezuela [...] ha sido positiva esa afirmación de soberanía que en el Perú todavía no hemos hecho”.

Ese gobierno que la candidata se niega a calificar como dictadura es el mismo que tiene presos políticos (a uno de los cuales ella prefiere denominar como “golpista”); que concentró en una mano todas las instituciones exactamente igual que el de Fujimori; que es aberrante en su corrupción, también como el de Fujimori; y que armó círculos paramilitares que han disparado más de una vez contra las protestas civiles.

Condenar a las dictaduras de un signo pero no las de otro es, como resulta obvio, solo un síntoma de hemiplejia moral y sugiere estándares democráticos inaceptables en quien pretenda gobernar el país. Por eso, si la protesta de hoy ha de ser cabal, debe alcanzar también a quienes toleran los 5 de abril que ocurren en otras fechas. Fuente: www.elcomercio.pe