Futuro hipotecado, por Alejandro Indacochea

PERÚ EVENTOS EN VIVO.- Por: Alejandro Indacochea / Profesor de CENTRUM

La reciente ley aprobada por el Congreso para la libre disponibilidad del 95,5% del fondo de los aportantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), así como el proyecto para el uso del 25% como cuota inicial o pago del crédito hipotecario en la compra de la primera vivienda, son medidas que lejos de significar una reforma, han complicado y hecho perder la razón de ser del sistema. 

Con esta medida, el SPP se ha convertido en uno de ahorro obligatorio, en donde se reparte el dinero al llegar a los 65 años o antes. Un argumento esgrimido es la libertad que como personas tenemos de disponer de nuestros recursos, sin tener en cuenta que en el mundo, los sistemas pensionarios publicos y de reparto son un dolor de cabeza para los gobiernos por sus efectos fiscales y constituyen mecanismos de contribución obligatoria. La razón detrás es que las personas tienden a priorizar su consumo de corto plazo y no el futuro, constituyendo luego una carga para el Estado. Si el ahorro voluntario para la vejez fuera cierto, hoy no tendríamos un millón de personas en Pensión 65. 

Por otro lado, entregar el 25% del fondo para la compra de una vivienda –independientemente de la edad y el monto–, implica que a futuro se va a recibir una pensión menor. Y, al recibir una pensión menor, se culpará al sistema de no haber logrado los objetivos, cuando en realidad fue a causa de las modificaciones a la ley. Adicionalmente, esto no necesariamente implica que la vivienda será accesible para todos porque, al evaluar un crédito hipotecario, lo más importante es la capacidad de pago a futuro. 

El sistema de pensiones necesita una verdadera reforma integral: unificar la ONP, las AFP y Pensión 65; el pago de una pensión solidaria mínima, hacer más competitivo el sistema mediante subastas y el cobro de la comisión a base de la rentabilidad obtenida. Asimismo, se debe ampliar la cobertura ya que el sistema actual deja de lado a 12 millones de personas de la PEA que hoy en día no poseen ningún sistema pensionario. 

El Congreso tuvo cinco años para hacer la reforma pensionaria, responsabilidad compartida con el gobierno, y las AFP, las mismas que se opusieron a cualquier cambio o modernización del SPP.

Si bien es justo el traslado de los pensionistas de la ONP al SPP, esta medida beneficia a las AFP a cambio de nada y generaría un forado para el fisco de más de S/5.000 millones. Por ello, lo más adecuado habría sido hacerlo mediante un mecanismo de subastas que entregue los fondos a la AFP que ofrezca las mejores condiciones y cuantificando el efecto sobre la caja fiscal para los próximos años. 

¿Si el SPP es tan malo, entonces por qué se permite el traslado desde el sistema público hacia él? Esta es una de las incoherencias en los argumentos mencionados por los legisladores.  

El efecto de todas estas medidas no lo va a asumir ni el actual Congreso ni el próximo gobierno, sino los del 2030 cuando tengamos al 9,9% de la población (3,5 millones) mayor de 65 años (hoy son poco más de 2 millones). Sin duda, se ha hipotecado el futuro con una medida netamente populista e improvisada al final de un período congresal en el cual se hizo poco para modernizar e introducir una mayor competencia al SPP. Fuente: www.elcomercio.pe