Controversia en Chile: ¿cómo funcionaría una AFP estatal?

Marchas en Chile demandan reforma. Foto: todosnuestrosmuertos/Flickr

PERÚ EVENTOS EN VIVO.-  POR KARINA MONTOYA

El gobierno de Michelle Bachelet parece encaminarse a iniciar una tercera reforma del sistema privado de pensiones chileno. La decisión, que a inicios de año parecía postergarse por las elecciones del 2017, se ha apresurado luego de masivas manifestaciones ciudadanas que, bajo el eslogan ‘No+AFP’, reclamaban por pensiones más altas. Entre las medidas de la reforma figura la creación de una AFP estatal, que se perfila más como una movida política que como una vía eficaz para incrementar las pensiones.

El cuestionamiento al funcionamiento de las AFP chilenas y sus beneficios ha escalado a tal punto que su propio creador, José Piñera, viajó a Chile para dar una serie de entrevistas en defensa del sistema. Pese a su defensa, reconoció la necesidad de reformar nuevamente las AFP, y ofreció su asesoría para implementar algunas de las propuestas del Ejecutivo, como la creación de una AFP estatal.

El objetivo de esta entidad sería aumentar la competencia entre las AFP, pues en Chile éstas se han reducido de más de una veintena a seis en los últimos treinta años, luego de una serie de fusiones y adquisiciones. No obstante, la capacidad de una AFP estatal de lograr esta meta ha generado controversia entre diversos especialistas, pues si bien la idea puede tener buena acogida en la ciudadanía, su impacto no sería una mejora en las pensiones.

FUNCIONAMIENTO

La Comisión Bravo, que entregó sus recomendaciones a la presidenta Bachelet en septiembre del 2015, plantea crear una AFP estatal que “opere bajo las mismas reglas” que las AFP privadas, es decir, que compita por la licitación de afiliados e invierta el ahorro previsional en el mercado de capitales. Su particularidad estaría en el foco de su afiliación, pues se dirigiría a los trabajadores independientes y de bajos ingresos.

Teóricamente, para que inicie funciones, deberá ser financiada por el Estado con aporte de capital inicial de hasta US$70 millones. Este monto sería usado como encaje, una especie de provisión de las AFP para asumir los riesgos de pérdidas de capital en los fondos administrados.

“Es esencial que la AFP estatal sea independiente y sea vista como tal (por ejemplo, con un directorio escogido independientemente) para incrementar la confianza en el sistema”, se lee en el informe de la Comisión Bravo. La idea tiene acogida ciudadana: según una encuesta realizada por la misma comisión, el 79% de los encuestados dijo estar de acuerdo con crear una AFP estatal, y el 69% indicó que se cambiaría a ella si existiera.

Ello puede deberse a la mayor confianza de los chilenos en las instituciones del Estado. Para José Piñera, una AFP estatal no impactaría en las pensiones, sino en la percepción de confianza de la ciudadanía sobre las AFP, pues su directorio estaría conformado por autoridades del Banco Central de Chile y del Ejecutivo. “No va a subir las pensiones para nada, pero va a permitir a la misma presidenta [Bachelet] que esté en la AFP estatal”, comentó en una entrevista a Ahora Noticias.

Ésta no es la única medida para reformar el sistema de pensiones, que ya tuvo una de sus modificaciones más importantes en el 2008, con el establecimiento de un pilar solidario. Un informe de Sura revela que esa reforma incrementó en 50% los ingresos de las personas que accedían a la antigua pensión asistencial. Para esta próxima reforma, que sería la tercera del sistema, también se plantea fortalecer ese pilar, lo cual implica ampliar la cobertura a las personas de menores ingresos y elevar esa pensión solidaria.

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¿MEJORES PENSIONES?

Pese a la mayor confianza que pueda crear una AFP estatal en un sistema de pensiones liderado por privados, los objetivos técnicos que la respaldan acabarían con esa confianza en el mediano plazo. La primera objeción se refiere a la mayor competencia y menores comisiones que generaría esta AFP, planteada por Renato Peñafiel, gerente general del Grupo Security, holding financiero con participación en aseguradoras y fondos de inversión.

“Sólo puede presionar a la baja las comisiones que cobran las administradoras, que ya son de las más bajas del mundo”, dijo al Diario Financiero de Chile. Y tiene razón: en las primeras licitaciones de nuevos afiliados del 2009, las comisiones bajaron de 1.14% a 0.77%. Hoy la AFP con la menor comisión es Plan Vital, que cobra 0.41%. En el Perú, la comisión más baja es de Habitat: 1.47% bajo el esquema de flujo (mensual) y 0.38% bajo el esquema de comisión mixta (un cobro mensual que se complementa con otro anual).

El problema con las comisiones no es el monto. La Comisión Bravo identificó que si bien la licitación de afiliados presionó a las AFP a recortar sus comisiones a niveles no antes vistos, ello se ha aplicado sólo a los nuevos afiliados. Los antiguos afiliados tienen la opción de cambiarse de AFP, como en el Perú; pero el traspaso no ha sido masivo: al 2014 un 80% de los afiliados sigue pagando comisiones iguales o superiores al 1.27%.

Incluso si una AFP estatal cobrase una menor comisión, las pensiones aún serán autofinanciadas. Bajo las mismas reglas de las AFP, las pensiones se elevan según el monto del aporte, su frecuencia y la mejora en el tiempo del nivel de ingresos del afiliado. De ahí que entre las medidas principales de la reforma esté el aumento de la tasa de aporte del afiliado de 10% a 15% con cargo al empleador. En Chile, a diferencia del Perú, el empleador aporta también al fondo de pensiones del trabajador.

Credicorp Capital, que analizó las ocho medidas planteadas por el Ejecutivo para reformar el sistema, advierte también que crear una AFP estatal tiene más bien un “objetivo ideológico”. El reto para el Estado estará precisamente en generar competencia en un mercado que ya es competitivo. “Es difícil pensar que una AFP estatal pueda competir contra la comisión de Plan Vital, que es de 0.41%”, se lee en el informe.

EL COSTO DE LA REPUTACIÓN

El resultado esperado de una AFP estatal es que, efectivamente, amplíe la cobertura, señala Credicorp Capital. Y como lo señala Piñera, su creación sería meramente reputacional: “una AFP estatal podría fortalecer políticamente a las AFP, pues al convertir al Estado en un jugador de la industria, atacarla sería menos viable políticamente”, concluye el análisis del banco de inversión.

La Comisión Bravo ha calculado que, aparte de los US$70 millones de aporte de capital que tendría que hacer el Estado chileno para el inicio de operaciones de la AFP estatal, el costo fiscal no quedaría allí, pues tomaría un aumento de 0.03% anual del PBI para mantenerla, alrededor de US$90 millones.

El costo de una AFP estatal no se limita sólo al gasto fiscal, sino que también implica un riesgo institucional al comprometer al Estado en promesas que serán difíciles de cumplir. De hecho los principales riesgos del sistema privado de pensiones están más relacionados al rendimiento de los fondos a futuro. El impacto de la AFP estatal, sobre todo reputacional, sugiere que será una medida política costosa para calmar los ánimos. Fuente: www.semanaeconomica.com