“Enviamos un oficio a la Presidencia de la Republica proponiendo que el Poder Ejecutivo inicie con urgencia el procedimiento de denuncia de la Convención Americana y el retiro de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, se puede leer el extenso oficio dirigida a la presidenta Dina Ercilia Bolaurte Zegarra.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
En el gobierno de Paniagua, el entonces ministro de justicia Diego García Sayán nos introdujo nuevamente en la CIDH, con las consecuencias nefastas conocidas como son la excarcelación de cerca de 5,000 militantes senderistas que han recuperado su libertad desde 2001, gracias a los nuevos juicios generosos y económicos determinados por la CIDH, corte Supranacional, que está por encima del ámbito de los Gobiernos e instituciones nacionales y que actúa con independencia de ellos, a favor de estos delincuentes terroristas, con desfalco al Estado y sus famosas reparaciones civiles injustas, un gran negocio extorsionando con sumas exorbitantes con los cuales viven los caviares hipócritas.
No solo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó el accionar de este nudo de comunistas que se dedican a defender terroristas descaradamente, al afirmar que los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que los de los delincuentes.
La CIDH, hoy por hoy, es el lastre por su apoyo sesgado a la impunidad de delincuentes de mineros, de bosques, subversivos, entre otros, accionar que condena a las poblaciones indígenas a ser dependientes de economías ilegales muy bien complementados por la ideologización de la izquierda radical comunista.
Al respecto, se sugiere que previamente tiene que haber una Resolución Legislativa del Congreso de la República, pues al referirse a un Tratado Internacional de Derechos Humanos, la denuncia debe ser aprobada por el Congreso de acuerdo al Art. 57 último párrafo de la Constitución.
Otra propuesta, es que el congreso retire el rango constitucional a estos tratados y los deje a nivel de Ley, para cuando se colisione con la Constitución y el Estado de Derecho, prime la constitución como corresponde. Sin duda el tema es complejo, tal vez sirva para que la CIDH no obligue a los países a ejecutar medidas sesgadas que los países en conjunto no aprobaron. VER OFICIO (FIN/AOTDA)
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