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| Fuente: EDITORA PERU | Fotógrafo: Ricardo Cuba |
La presidenta de la República, Dina Boluarte, cuestionó públicamente el allanamiento realizado en la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte, en el distrito de San Borja, calificando la medida como parte de “un muñeco armado” por algunos fiscales con la intención —según sus palabras— de desestabilizar al Gobierno.
Durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional en Palacio de Gobierno, la mandataria aseguró que la diligencia no estaba dirigida a su familiar, sino contra su gestión.
“Yo sé que no es contra él, el tema es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza. Quieren desestabilizar al Gobierno, pero no les tengo miedo”, declaró Boluarte, acompañada por ministros de Estado, entre ellos el premier Eduardo Arana y el ministro de Justicia Juan José Santiváñez.
El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó el allanamiento en 14 inmuebles, incluido uno en Ayacucho, con fines de incautación de documentos. Según la disposición judicial, la medida forma parte de una investigación preliminar contra una presunta organización criminal que habría operado desde el Ejecutivo para beneficiar a personas cercanas a altos funcionarios.
El documento también menciona como investigados a Juan José Santiváñez Antúnez —actual ministro de Justicia y exministro del Interior—, así como a Percy Alberto Tenorio Gamonal, Yesenia de la Cruz Rivas, Marco Antonio Palacios Meza, Gregorio Martín Villalón Trillo, Yber Torres Pariona y Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz. En calidad de “tercero vinculado” figura Nicanor Boluarte.
Cabe recordar que el hermano de la jefa de Estado enfrenta además una investigación paralela en el caso conocido como “Los Waykis en la Sombra”, que indaga sobre una presunta red destinada a ubicar personas allegadas en cargos estratégicos dentro de prefecturas y subprefecturas en todo el país.
En su pronunciamiento, Dina Boluarte reiteró su respaldo a su hermano y denunció que parte del Ministerio Público y el Poder Judicial estarían “capturados por intereses políticos”.
“La familia Boluarte siempre mantendrá firme y digna. No tenemos rabo de paja”, concluyó la mandataria.
La controversia abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y la Fiscalía, en medio de investigaciones sensibles que involucran a figuras cercanas al entorno presidencial.
📌 Enfoque objetivo:
Este caso refleja un choque institucional entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Mientras la Fiscalía sostiene la necesidad de incautar pruebas en el marco de investigaciones por crimen organizado, la presidenta interpreta la medida como un intento político por debilitar su gestión.
El desarrollo de las diligencias y las eventuales resoluciones judiciales serán clave para determinar si se trata de un proceso con fundamentos jurídicos sólidos o de una confrontación que acentúa la crisis política en el país.
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